La Contraloría General de la República exigió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentar un plan integral de intervención y reubicación de las familias damnificadas en Piojó.

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El Vicecontralor Carlos Zuluaga, desde este municipio, hizo un llamado a la UNGRD ejecutar acciones concretas y en el corto plazo para restablecer las condiciones de vida digna de los hogares que se vieron afectadas por la tragedia del 6 de noviembre de 2022.

El alto funcionario criticó la inasistencia de esta entidad a la visita que se llevó a cabo este viernes en Piojó, en atención a los requerimientos de la comunidad afectada.

Indicó que es recurrente la falta de institucionalidad por parte de la UNGRD y las muestras de “desinterés” en la resolución de las problemáticas existentes.

Se afirmó que hay evidencia que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo “no ha hecho nada” en Piojó, tras el desastre que dejó 230 damnificados.

Recorrido de la Contraloría en Piojó.Cortesía

“Hemos concluido una mesa de trabajo aquí en el municipio de Piojó con muchos de los damnificados de la avalancha de noviembre y lamentablemente una vez más la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no pudo estar presente en esta reunión, lo que ha ocasionado parte de no resolver de manera ordenada las inquietudes que tiene la comunidad”, dijo.  

Durante esta jornada se establecieron tres compromisos. La Contraloría le pidió, como primera medida, a la UNGRD entregar un informe técnico sobre el riesgo del terreno donde ocurrió el desastre.

“Deben entregar el informe técnico o el contrato del informe que se ha hecho para determinar si el terreno donde ocurrió el desastre tiene o no un riesgo alto, mediano o moderado, para determinar si las familias pueden retornar ahí o efectivamente se necesita un terreno distinto para plantear un reasentamiento”, aseguró el vicecontralor Zuluaga.

Como segundo punto se solicitó a la entidad que explique por qué algunos damnificados están perdiendo el subsidio de arrendamiento debido a incumplimientos en el pago.

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“Debe determinar por qué razón algunas condiciones de retorno voluntario, ocasionadas por el incumplimiento del pago de arrendamiento, ha hecho que varios de los damnificados estén hoy ad-portas de perder el subsidio, en la medida de que la condición de damnificado sólo se pierde cuando hay una reparación integral”, argumentó.

Indicó que el pago del arrendamiento es una medida que mitiga el efecto ocasionado por el desastre natural y que es un “craso error” quitarles el auxilio de arrendamiento.

“Hemos pedido a la Unidad que explique jurídicamente cuál es el sustento para eliminar esta condición”, anotó.

El tercer acuerdo es el plan integral de intervención en Piojó, con fechas y actividades para su seguimiento desde la Contraloría.